· Entrevista ·

 Las exhumaciones en la España contemporánea: ¿viejas heridas o catarsis?

Francisco Ferrándiz, antropólogo,

especialista en exhumaciones, CSIC

Según los datos que ofrece La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya. Han pasado ya 75 años de la Guerra Civil, pero hasta ahora más de 100 000 ejecutados en ese bestial enfrentamiento siguen enterrados anónimamente por todo el país. El tema de las exhumaciones de las víctimas de la guerra, lógicamente, sigue levantando múltiples debates y reacciones variadas: desde los “para qué reabrir viejas heridas” hasta las impactantes historias familiares que incitan a seguir con las búsquedas (a veces, sin resultado alguno), recurrir a la ONU y a los juicios internacionales con esperanza de encontrar, por fin, la justicia y el sosiego. 

Con la ayuda de Francisco Ferrándiz, doctor en Antropología Social y Cultural por la Universidad de California (Berkeley), investigador del proyecto Las políticas de la memoria en la España contemporánea: Análisis del impacto de las exhumaciones de la Guerra Civil en los primeros años del Siglo XXI (CSIC) y autor de múltiples estudios sobre la gestión de la memoria histórica y las exhumaciones en distintos países del mundo, tratamos de entender muchos aspectos importantes de este tema tan complejo.

En la entrevista Francisco nos cuenta sobre las peculiaridades que tienen los trabajos de exhumación en España, las paradojas del sistema judicial español y comparte, además, su visión con respecto a la búsqueda de los restos de García Lorca.

 

Francisco, como se sabe, el gobierno de Franco llevó a cabo una amplia política de recuperación de la memoria de los muertos pertenecidos al bando nacional y realizó entierros de sus restos. Entonces, ¿podemos decir que las exhumaciones que se hacen hoy en día en España son, principalmente, de los que pertenecieron al bando republicano?
En España ha habido distintas fases de exhumación. Nosotros lo llamamos necropolítica, que tiene que ver con cómo se gestionan políticamente determinados restos de la Guerra Civil. En 1941 se puso en marcha La Causa General, un procedimiento judicial, en la que se inscribieron a todos quien haya sido víctima de las represiones de los republicanos. Mientras tanto, a los propios republicanos los seguían ejecutando. Según los datos que tenemos, el gobierno republicano intentó parar, en gran medida, las ejecuciones extrajudiciales del bando de la derecha (de hecho, en Cataluña hubo una fiscalía especial para acusar a los que habían matado a los franquistas). Mientras que en el bando nacional, limpiar la retaguardia era una política consciente durante la guerra. También dicen que la guerra en algunas zonas avanzó tan lentamente porque no se quería dejar detrás posibles grupos de resistentes.

 

En la posguerra no había suficientes recursos para rescatar el cien por ciento de los cuerpos de los dos bandos: durante varios años algunas familias sacaban las fosas con sus propias manos. Hasta ahora no sabemos exactamente cuántos cuerpos se exhumaron en aquel tiempo, pero sí se sabe que todavía quedan fosas nacionales. Por ejemplo, en 2010 hemos trabajado en una exhumación de la fosa nacional en Camuñas (un pueblo entre Ciudad Real y Toledo). Era en una mina romana donde tiraron cientos de personas. Allí estuvimos trabajando con los colectivos de derecha y la iglesia católica, que sigue haciendo exhumaciones por su cuenta.

¿Cuáles son las instituciones oficiales en España que realizan exhumaciones? ¿Puedes contar un poco sobre cómo se organiza el trabajo?

Hoy en día en España hay dos estables equipos: el de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y el de forense vasco Francisco Etxeberría, que dirige La Sociedad de Ciencias Aranzadi en el País Vasco. Principalmente yo trabajo con él. Aunque, en realidad, nos conocemos casi todos. Hace poco nos acaban de dar un premio de derechos humanos de 100 000 dólares. Por lo tanto, la Sociedad tiene oportunidad para funcionar dos o tres años más, esperando que llegue un gobierno de izquierdas que vaya a cooperar. Hasta ahora en España en total se realizaron 350 excavaciones.

Antes las asociaciones se movilizaban por su propia cuenta, y en fines de semana o en vacaciones los equipos técnicos iban a las excavaciones, coordinados por un forense. Ahora las Asociaciones reciben las solicitudes de los familiares de los muertos de toda España. En nuestro caso, Francisco Etxeberría junta un equipo de ocho o diez personas, hacemos la exhumación, preparamos un informe de lo que hemos averiguado, de los testimonios, las fotografías que podemos aportar, todo el material que conseguimos, y los forenses llevan los cuerpos al laboratorio, los limpian, los analizan, hacen las pruebas genéticas, tratan de identificar los restos y luego se devuelven a los familiares. El encuentro de las personas con sus familiares muertos son unos momentos muy bonitos.

Francisco, en la página web de la Asociación de la Recuperación de la memoria histórica pone que el total de los desaparecidos forzados son 114 226 personas. ¿Podemos decir con seguridad que esta cifra es definitiva?  

Es una cifra inexacta. Como sabemos, en 2008 el juez Baltasar Garzón hizo un proceso judicial al franquismo, vinculando los crímenes con el derecho internacional de los derecho humanos y sobre todo con las desapariciones forzadas. Desde el año 2006 hasta 2008 hubo denuncias de muchas asociaciones, y él pidió la información sobre todos los desaparecidos. Le dieron mucho material, pero hay que decir que también hubo bastantes casos hechos por los amateurs. Por lo tanto, 114 226 personas es un número judicial, pero desde el punto de vista historiográfico no tiene mucha validez. En el libro “Víctimas de la guerra civil” (1999), escrito por un conjunto de historiadores, se dice de 150 000 personas desaparecidas. El hispanista inglés Paul Preston en sus investigaciones también siempre subraya que después de la guerra seguían con las ejecuciones, y el número de personas que fueron al campo de concentración está todavía por contabilizar. También hay un tipo de muertos que es muy difícil de detectar como, por ejemplo, las personas que después de salir de la cárcel, luego morían de tuberculosis. 

También es importante mencionar que los historiadores siguen trabajando sobre los estudios de las figuras de la represión, ejecutadas en la retaguardia (los que tenían la ideología de izquierda o sus simpatizantes). Hasta ahora las investigaciones no se han acabado, porque algunos archivos son difíciles de conseguir, otros se han destruido. Ahora ya se han abierto la buena parte de los archivos pero la búsqueda –pueblo por pueblo- de las personas ejecutadas requiere muchos años de trabajo. 

¿Cuáles son las peculiaridades que tienen los trabajos de exhumación en España en distinción de otros países?

En primer lugar, es importante decir que ahora las exhumaciones de las fosas comunes se han convertido en una herramienta importantísima de los derechos humanos. Es una cosa del siglo XXI. Hoy en día se están exhumando en Bosnia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia y en muchos otros lugares del mundo. Intentamos hacer que se entienda la complejidad del asunto, ya que las exhumaciones es un proceso global y transnacional.

En España, en distinción, por ejemplo, de Argentina o Bosnia, donde las exhumaciones forman parte de los procesos penales, las fosas están fuera de la ley. La legislación española no las cubre, porque en el derecho penal un crimen prescribe a los veinte años. Desde la guerra han pasado setenta años, lo que quiere decir que ahora los restos de los muertos que siguen estando en las fosas comunes ya no se reconocen como las víctimas del crimen, y abrir las fosas no es ilegal. Para realizar una excavación sólo hay que pedir el permiso al dueño del terreno. Con todo eso, en España existen algunas asociaciones que rechazan las exhumaciones, considerándolas un “borrado del genocidio”. En vez de excavarlos ellos proponen dejar la fosa como una especie de mensaje pedagógico para el futuro.

Además algunos periodistas y políticos en España juegan con los estereotipos y, en muchos casos, llegan a tergiversar la información. A veces cuando escucho a ciertos asociaciones o a ciertos partidos políticos, antes de que hablen, ya sé qué van a decir, porque lo van diciendo desde hace tiempo, sin cambiar ni un milímetro de su postura, usando las mismas metáforas, los mismos estereotipos. Pese a ello, nosotros, antropólogos e investigadores, hacemos todo lo posible para que el debate sea más profundo y sofisticado.   

Para los familiares, encontrar los restos de sus queridos después de tantos años es una experiencia muy fuerte. ¿Cómo lo llevan?  

Hay muchas sensibilidades contrapuestas, cada caso es muy peculiar. Hay que tener en cuenta que a veces las propias familias están eternamente divididas. Pese a que han pasado setenta años, hay personas que tienen ideología, por ejemplo, de derecha mientras que su abuelo estaba fusilado por los franquistas. Las ambigüedades que ellos tienen respecto a estos procesos son muy grandes. También hay familiares que no están de acuerdo con las exhumaciones y prefieren que la fosa se queda intocable. 

Igualmente, abrir una fosa común en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y algunos han convivido con tensión durante el franquismo, es un proceso muy complejo. Cuando se abre una fosa todo el pueblo se moviliza entorno al procedimiento y nuevamente se respira con este tema. El recorrido por las calles del pueblo hacia el cementerio con un muerto de hace setenta años tiene un poder extraordinario: hay gente que expresa sus protestas cerrando las ventanas o poniendo las banderas del bando opuesto. A nosotros, como antropólogos sociales, nos interesa especialmente lo que ocurre en estos pueblos hoy en día. En nuestro equipo hay personas que analizan el impacto de las exhumaciones diez años después del entierro. Su trabajo es ver y analizar cómo ha mejorado (o ha empeorado) la convivencia en un pueblo, si había algún proceso de reconciliación entre las personas pertenecientes a los distintos bandos.      

No exagero diciendo que en España casi cada pueblo tiene sus fosas. Es una topografía del terror que se quedó después del franquismo como una huella de la masacre que se hizo para luchar con la disidencia política. Lo importante es que si setenta años después seguimos teniendo tanta tensión alrededor del tema, eso quiere decir que la estrategia del franquismo fue muy eficaz. Cuarenta años después de la muerte de Franco todavía la sociedad no tiene la madurez suficiente para enfrentar estas fosas desde una actitud democrática. 

¿Entonces, podemos afirmar que en España el proceso de la transición hacia la democracia todavía no se ha acabado?

Según algunas opiniones, la transición ha sido fallida y ahora hay que hacer otra. Esto corresponde, por ejemplo, a la ideología del “Podemos”. Dicen que la primera transición defraudó porque no supo afrontar los crímenes del estado. De todas formas, hay que subrayar que nunca había serenidad en este debate. Muchos de estos procesos han sido oscurecidos por el escándalo y la gritería mediática, mucha crispación y mentiras en la televisión, en el parlamento y en los medios de comunicación. Es como una jaula de grillos, y lo que se hizo fue tapar los procesos de fondo.

A partir del año 2012 en España las asociaciones que se dedican a las exhumaciones dejaron de recibir el apoyo económico del estado, y para seguir con sus trabajos tenían que recurrir a la ONU. ¿Cuál es la situación actual?

Efectivamente, la ONU se ha posicionado ahora contra el gobierno de España. En 2014 salieron dos informes: primero es del “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Pablo de Greiff y otro es del grupo de trabajo “Desapariciones forzadas”, que denuncian al estado español por incumplir sus compromisos con el derecho internacional al respecto de las víctimas del franquismo.

Entonces, ¿hoy en día en España no existen políticas publicas de la memoria histórica? 

No, eso no es correcto, hay que matizarlo. Durante la época de Zapatero el gobierno apoyó la memoria histórica, aunque con muchos problemas y mal hecho. Por ejemplo, el protocolo de las exhumaciones del partido socialista salió sólo a finales del año 2011, cuando ellos ya estaban perdiendo el poder. Es decir, el dinero que dieron ellos se realizó sin protocolo y los equipos técnicos lo tenían que improvisar. Pese a ello, Ley de la Memoria histórica se dotó casi con veintidós millones de euros que se dieron para que se hicieran exhumaciones, actos de la memoria, investigaciones y documentales.     

Lo que ocurre es que el gobierno de Mariano Rajoy, que es heredero del franquismo (algunos del partido lo intentan ocultar y otros, no), quitó la financiación estatal de la memoria histórica. En cinco presupuestos que ha hecho para el proyecto había cero euros en cada uno. Las políticas de la memoria nacional ahora mismo son inexistentes. Sin embargo, tras las elecciones que han pasado en 2015 en distintos municipios autónomos (como El País Vasco, Cataluña, Andalucía y Navarra) la derecha ha perdido, y allí sí están haciendo las políticas públicas de la memoria. En cada región los presupuestos pueden ser distintos, pero lo que es importante subrayar que es un panorama muy desigual y cambia dependiendo de los gobiernos que llegan al poder.

¿Qué repercusión tenían las exhumaciones en los medios de comunicación en la Transición?

La revista Interviú, muy emblemática en la época de la Transición, hacía un destape político y llevaba una crítica feroz. En su portada aparecían las chicas con poca ropa, pero dentro habían reportajes que tenían una mezcla de sangre, de escándalo, de denuncia social y erotismo. Los catorce reportajes que ellos publicaron después de la muerte de Franco sobre las exhumaciones son impresionantes. En aquellos años las exhumaciones no tenían el mismo impacto que ahora, entonces Interviú era el único medio que se hizo eco de ello.

¿Para qué las instituciones españolas tuvieron que recurrir al sistema judicial de Argentina?

Esto tiene mucho que ver con las competencias de los tribunales en cada país. En España hasta hace poco la Audiencia Nacional tenía la autoridad para juzgar los crímenes de lesa humanidad no solamente en España sino en cualquier lugar del mundo. Pero eso ya ha desaparecido porque tanto el PSOE como el PP han quitado estas competencias a la Audiencia Nacional. Y, dado que en España ninguna institución judicial ampara a las víctimas del franquismo, han decidido denunciarlo en Argentina, y la justicia argentina lo ha asumido.

 

 

Regresando al caso Garzón: a pesar de que lo apoyó mucha gente, su figura ha sido muy incómoda. En el País Vasco, por ejemplo, no lo pueden ni ver, por haber apoyado en su momento a una serie de políticas de represión de la izquierda independentista y cercana a la ETA, favoreciendo el arresto de mucha gente que sólo rozaba ese mundo, pero no estaba directamente involucrada.  

¿Crees que podría aparecer ahora en España el caso parecido al de Garzón?

Lo dudo porque el caso de Garzón era una lección para el resto de los jueces. Cuando en 2008 él sacó el juicio contra el franquismo, al pasar solamente tres meses ya tenía tres causas judiciales abiertas: por el franquismo, la prevaricación y el abuso del poder. Al final, lo condenaron y lo expulsaron de la carrera judicial (no por la causa del franquismo, claro, porque sería muy explícito), sino por la causa de la corrupción del partido de gobierno. Fue un mensaje para todos los jueces.   

¿Por qué crees que eran los nietos y los bisnietos los que empezaron a preocuparse del tema de la memoria histórica? ¿Sus padres no lo hicieron por el miedo?

Cada generación tiene el derecho a construir sus propios relatos sobre el pasado o a impugnar los acuerdos a los que llegaron sus padres. Y esto es lo que ha pasado. Los nietos preguntan, ¿cómo es posible que fuerais capaces de organizar una estructura de reconciliación democrática en la transición, pero al mismo tiempo dejar abandonados a los miles de personas fusiladas tiradas en fosas comunes? La generación de los nietos lo que reprocha a los padres es la falta de coraje. Tampoco ha habido el coraje político. En los años 80 los socialistas tenían la mayoría absoluta en el parlamento y Felipe González podría hacer lo que quisiera al respecto con la memora histórica, pero no lo hizo. Ahora esto le reprochan mucho. En España la memoria histórica ha sido un movimiento social de abajo arriba, o sea, ha sido básicamente en la sociedad civil. Zapatero empezó a dar dinero para las exhumaciones en el año 2006 pero los trabajos de investigación ya se empezaron desde el año 2000, y durante estos seis años los trabajos se realizaron gracias a la acción de los voluntarios.

Creo que la lección que estamos aprendiendo ahora, es que no se puede construir una democracia de calidad sin enfrentarse, de una manera u otra, con los aspectos más conflictivos del pasado. Tarde o temprano los trapos sucios van a rebrotar, en estas o en las siguientes generaciones, pero saldrán.

¿Qué es lo más difícil en tu trabajo?

Hay situaciones muy complejas, cuando por ejemplo, dentro de una fosa se encuentran los restos de distintas familias, y unos de ellos quieren abrir la fosa y otros no. Por lo tanto, como te decía antes, si el gobierno de Zapatero hubiera creado una comisión de expertos que supervisara cómo se gastaba el dinero que se daba y se pusieran los criterios para todo el procedimiento, sería otra situación. Pero no se ha hecho. Por la falta de los criterios ha habido muchos conflictos en el terreno. Porque imagínate una situación: te llama un grupo de familiares, te pones a exhumar y de repente aparece uno que no está de acuerdo, y tú no lo sabías. Entonces hay que tratar de negociar y ser también un poco psicólogo para llegar a un acuerdo con estas personas que pueden estar enfadadas y en contra de la exhumación.   

 

¿Crees que algún día se encontrarán los restos de García Lorca?

La Junta de Andalucía sigue gobernando por el partido socialista desde hace treinta años. Allí la política de la memoria es activa ahora, y las exhumaciones que se hacen en esta región están gestionadas por la comunidad. Además en estos meses en el Parlamento están debatiendo el proyecto de la Ley de Memoria Democrática que proporcionaría también los protocolos para las exhumaciones. 

Lo de los restos de García Lorca es un caso complejo. La familia del poeta no está de acuerdo con la exhumación: se han opuesto desde el principio porque piensan que si lo encuentran, está claro que la noticia saldrá en todas las portadas, y ellos no quieren esa sobreexposición del cuerpo de Lorca, no quieren hacer un espectáculo mediático. Al mismo tiempo, los familiares de otras cuatro personas que supuestamente están enterradas con él, quieren exhumar. Desde mi percepción personal, dudo que lo van a encontrar. Estoy de acuerdo que Lorca es una de las personas más emblemáticas que se puede exhumar, -y yo entiendo el interés mediático,- pero si lo miramos desde el punto de vista humano: él es uno más. Cualquier campesino tiene el mismo derecho de obtener el entierro digno. Con todo ello, como hay tanta presión mediática sobre el tema, ahora mismo un equipo de investigadores que tienen un acuerdo con la Junta de Andalucía sigue con las búsquedas. Si lo encuentran, ya decidirán qué hacer.   

  

 

Texto:Irina Rodríguez-Bulgakova
                                                                 La versión rusa de la entrevista se puede leer en
                                                                                            la página de la Agencia de Información Regnum (Moscú)

 

Para saber más sobre el libro de Francisco Ferrándiz 

"El pasado bajo la tierra" (Anthropos Editorial, 2014) aquí.